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un año como presidente de Perú en medio de acusaciones y escándalos

EFE Latam Vídeos

Cuatro coroneles y otros seis militares colombianos son acusados ​​de falsas alarmas

Bogotá, 27 jul (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a 10 nuevos oficiales del Ejército, entre ellos cuatro coroneles retirados, por “falsos positivos” por bajas en combate cometidas durante el conflicto en Antioquia (Noroeste). Según la decisión emitida este miércoles por este órgano especial, cuatro coroneles retirados figuran entre los imputados por el asesinato de 46 víctimas: Jorge Alberto Amor Páez, David Herley Guzmán Ramírez, Efraín Enrique Prada Correa y Edie Pinzón Turcios, todos excomandantes de varios batallones, más tres Sargentos, dos mayores y un soldado de carrera retirado. Se trata de ejecuciones extrajudiciales vinculadas a los crímenes de los cementerios de Dazuba e Ituango, dos de los cementerios más conocidos por albergar “fake news” no identificados, dijo este miércoles en rueda de prensa la jueza de la JEP Nadezhda Henríquez. La JEP, tribunal ad hoc para los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, señaló que se trata de un caso especial ya que, a diferencia de otras denuncias en otras regiones, ha habido muy pocas investigaciones a través de la justicia ordinaria y ninguna Los funcionarios dieron informes e incluso los registros operativos habían sido destruidos. “La investigación se sustentó plenamente en los aportes de plena verdad realizados por varios testigos de la autoridad pública, los cuales fueron contrastados con las pruebas forenses y las pruebas ordenadas y practicadas por la JEP”, dijo el juez en la lectura del comunicado. Los imputados pertenecían al Batallón de Contraguerrillas Arhuacos No. 26 (BCG 26), Batallón de Contraguerrilla No. 79 El Subsargento Primero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79) y la Brigada Móvil 11 (BRIM 11) operando en esa zona cercana al Cementerio de Arhuacos. de las Mercedes en Dazuba y donde la JEP investiga 508 posibles muertes violentas que podrían estar relacionadas con ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1995 y 2008 ayudaron a convertirlo durante años (de 1982 a 2010) en un lugar ‘ideal’ “para cometer el delito de desaparición forzada”, dijo esta instancia. Así, los imputados deben responder por 23 delitos, en los que 46 víctimas fueron ilegítimamente presentadas como víctimas en combate, y, como particularidad de la causa, también por la agresión a un teniente del Ejército, Jesús Javier Suárez, cometido por las mismas fuerzas para “crear terror dentro del BCG-79 e intimidar a quienes deseen oponerse o distanciarse de la empresa criminal”. También identificó tres patrones muy similares a los de otros casos, según el presidente de el JEP, Magistrado Eduardo Cifuentes, recordó: la estigmatización de los “campesinos humildes” que han sido acusados ​​de apoyar a la guerrilla de las FARC y posteriormente han sido víctimas de desaparición forzada o asesinato; el traslado de otros jóvenes similares de comunidades cercanas como Medellín o Turbo, y la inhumación de los cuerpos en los cementerios de Dazuba e Ituango. Precisamente este martes, la JEP citó a declarar el 28 y 29 de septiembre al excomandante del Ejército de Colombia, Mario Montoya, por el caso lateral Antioquia -el que tiene más víctimas- enmarcando estas denuncias por ser el Comandante del Cuarto Ejército Brigada entre 2002 y 2003. Montoya es uno de los altos mandos militares más señalados por los colectivos de víctimas por estos crímenes de lesa humanidad, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado. Cerca de 60 procesados ​​Hasta la fecha, la JEP ha puesto a 6.402 víctimas de los llamados “falsos positivos”, es decir, víctimas inocentes que fueron engañadas por el ejército o por civiles cooperantes y les quitaron falsos trabajos, matándolos y luego guerrilleros. Uniformarlos y plantarles armas, aumentando el número de bajas guerrilleras a cambio de recompensas monetarias, promociones, viajes u otro tipo de premios. Estos delitos están siendo investigados por la JEP en el Caso 03 (aunque estas denuncias específicas también están relacionadas con el Caso 04, que investiga la región de Urabá en Antioquia), que está dividido por regiones y por el cual este órgano judicial ha emitido hasta el momento 4 autos. de atribución. Acusa a un total de 55 militares activos o retirados, dos civiles y un funcionario estatal por la comisión de estos delitos en el Catatumbo (Noroeste), el Caribe y Casanare. Este es uno de los casos más avanzados de la JEP, pues los imputados en el Catatumbo y el Auto del Caribe ya comparecieron ante los jueces y las víctimas en audiencias separadas de condena penal en los últimos meses. El organismo aún tiene que determinar si el reconocimiento es genuino y si ha dado suficiente veracidad sobre lo ocurrido para poder dictar penas reparadoras que no impliquen prisión. Si no lo ven así, o si los imputados no reconocen los delitos -como sucedió con dos ex coroneles del Batallón La Popa en el Caribe- podrían verse enfrentados en un proceso contradictorio dentro de la JEP. prisión de hasta 20 años. c) Agencia EFE

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